La vitivinicultura es mucho más que una actividad económica para Mendoza. Organiza territorios, sostiene redes familiares, genera empleo y forma parte de una identidad productiva y cultural construida durante generaciones. Por eso, cuando se habla de dificultades en el sector, caída del consumo, retroceso de las exportaciones, presión sobre los precios de la uva y pérdida de rentabilidad, la discusión no debería limitarse a los balances de las bodegas o a los volúmenes comercializados. También es necesario preguntarse qué sucede con las personas que sostienen cotidianamente esa producción y, en particular, con las mujeres.
Un análisis difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), advirtió sobre la pérdida de dinamismo del complejo durante el tercer trimestre de 2026. Una nota periodística que amplía ese análisis señaló una caída interanual del 2,2% en las ventas internas y un retroceso del 14,9% en el volumen exportado y del 16,4% en el valor FOB. También consignó que, según la investigadora Natalia Palazzolo, los primeros datos de octubre mostraban un aumento de casi el 20% en el volumen exportado, acompañado por una caída del 3% en los ingresos en dólares, asociado a una mayor participación del vino a granel.
Estas cifras describen una coyuntura y deben leerse atendiendo al período y a la metodología: no equivalen, por sí solas, a una medición del empleo ni permiten identificar sus efectos diferenciados por género.
La pregunta que interesa desde una perspectiva de género es otra: ¿cómo se distribuyen los costos de esa situación a lo largo de la cadena vitivinícola? ¿Quiénes pierden ingresos, estabilidad y oportunidades cuando se contrae la actividad? ¿Qué parte del trabajo necesario para sostener fincas, bodegas y emprendimientos familiares permanece fuera de los registros y de los indicadores económicos habituales?
Las mujeres están en la cadena, aunque no siempre en los lugares de mayor visibilidad
La participación de las mujeres en la vitivinicultura adopta formas diversas. Están presentes en tareas agrícolas y de mantenimiento de los viñedos, en la cosecha y la selección, en laboratorios, administración, recursos humanos, turismo, gastronomía, comercialización y conducción de emprendimientos familiares. También participan en decisiones productivas y en la organización cotidiana de pequeñas explotaciones, aunque ese aporte no siempre se traduce en titularidad de la tierra, reconocimiento profesional o autonomía económica.
Los estudios sectoriales permiten dimensionar algunas desigualdades. La edición 2025 del Informe sobre Perspectiva de Género en el Sector Vitivinícola, elaborado por Wines of Argentina, Bodegas de Argentina y amfori, informó que las mujeres representaban alrededor del 30% de las personas trabajadoras de las bodegas relevadas y que su presencia en posiciones de liderazgo se mantenía por debajo del 35%. El mismo relevamiento identificó una distribución desigual por áreas y señaló que el 91% de las bodegas participantes no contaba con políticas de conciliación laboral.
Estos datos son valiosos, pero requieren una lectura precisa: corresponden a las bodegas que participaron del relevamiento y no constituyen un censo de toda la cadena vitivinícola ni de la totalidad de las trabajadoras rurales de Mendoza. Aun con esa limitación, muestran que la desigualdad no se expresa únicamente en la cantidad de mujeres empleadas. También aparece en la segregación ocupacional, en las posibilidades de ascenso y en las condiciones institucionales para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado.
La división sexual del trabajo también atraviesa el viñedo
La organización de las tareas agrícolas no es neutral. Un estudio sobre las transformaciones del mercado laboral vitivinícola en Mendoza, difundido por el Observatorio Vitivinícola Argentino y basado en investigaciones del INTA y el CONICET, describe cambios asociados a la mecanización, a la incorporación de tecnologías y a nuevas formas de organización del empleo. El trabajo señala que, en las zonas estudiadas, persiste la preferencia por contratar varones para labores permanentes y especializadas, mientras que determinadas tareas realizadas por mujeres, como la atada de sarmientos y el desbrote, no siempre reciben un reconocimiento equivalente en términos de especialización y remuneración.
El mismo estudio registra una reducción de la demanda de jornales en establecimientos que incorporaron cosecha mecánica y otras tecnologías. En 2023, el 23% de la uva destinada a
elaboración en Mendoza se cosechó mecánicamente, con diferencias importantes entre regiones. La mecanización puede mejorar la productividad y modificar las condiciones de trabajo, pero sus efectos no son iguales para todas las personas: depende de qué tareas se automatizan, qué puestos se conservan, qué calificaciones se exigen y quiénes acceden a la capacitación.
Si las mujeres se concentran en tareas manuales, estacionales o menos reconocidas, los cambios tecnológicos pueden reducir sus oportunidades cuando no existen políticas de formación y transición laboral. Por eso, la modernización productiva no debería evaluarse exclusivamente por el ahorro de costos o el aumento de eficiencia. También debe preguntarse si genera empleo de calidad, si amplía el acceso de las mujeres a puestos técnicos y si evita que la innovación profundice la segmentación laboral.
El trabajo de las estadísticas no siempre alcanza
Una parte del aporte femenino se desarrolla en explotaciones familiares y unidades de pequeña escala. Puede incluir tareas administrativas, compras, registros, atención al público, comercialización, coordinación de trabajadores y labores en la finca. En ocasiones, esas actividades se describen como colaboración familiar o ayuda al productor, aun cuando resultan indispensables para la continuidad del emprendimiento.
Cuando ese trabajo no tiene remuneración propia, reconocimiento formal ni participación en las decisiones patrimoniales, la contribución económica de las mujeres queda subestimada. La
invisibilidad no es solamente un problema estadístico: tiene consecuencias concretas sobre la autonomía, el acceso al crédito, la protección social y los derechos previsionales.
La situación de las trabajadoras temporarias presenta otros desafíos. La estacionalidad de ciertas labores puede combinarse con contratación informal, intermediación, discontinuidad de ingresos y dificultades para acceder a cobertura social. No corresponde afirmar que todas las trabajadoras se encuentran en esas condiciones; sí es necesario reconocer que la temporalidad y la informalidad pueden aumentar la vulnerabilidad, especialmente cuando se combinan con responsabilidades de cuidado y escasas alternativas laborales en los territorios rurales.
Cuando la crisis se traslada a los hogares
La caída de los ingresos de una explotación o de una bodega familiar no afecta únicamente las cuentas del establecimiento. También repercute en las estrategias de subsistencia de los hogares. En contextos de incertidumbre, las mujeres pueden asumir más tareas para sostener la producción, buscar ingresos complementarios o absorber una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados.
La economía feminista ha señalado que el funcionamiento de los mercados depende de trabajos de reproducción social que suelen permanecer fuera de los cálculos económicos: preparar alimentos, cuidar a niñas, niños y personas mayores, acompañar procesos de salud y sostener la vida cotidiana.
En las economías regionales, estas tareas se articulan estrechamente con los ciclos productivos. La temporada de cosecha, por ejemplo, puede modificar horarios, desplazamientos y necesidades de cuidado, mientras que la reducción de ingresos puede limitar la posibilidad de contratar apoyos.
No contamos con evidencia suficiente para atribuir automáticamente a la coyuntura vitivinícola de 2026 un aumento determinado del trabajo no remunerado femenino. Pero sí existen razones para incorporar esta dimensión al análisis: las crisis económicas se desarrollan dentro de hogares y comunidades donde las responsabilidades y los recursos no están distribuidos de manera igualitaria.
Una economía regional también debe medirse por la calidad del trabajo que genera
Mendoza necesita una vitivinicultura sostenible, capaz de sostener a sus productores, generar valor agregado y competir en mercados cada vez más exigentes. Pero la sostenibilidad no puede reducirse a indicadores ambientales, certificaciones o resultados comerciales. También implica condiciones laborales dignas, igualdad de oportunidades, prevención de la violencia y reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres en todos los eslabones de la cadena.
Esto supone avanzar en políticas públicas y compromisos sectoriales concretos: fortalecer la registración laboral y los mecanismos de inspección; promover la capacitación de mujeres en tareas técnicas y tecnologías agrícolas; facilitar el acceso de productoras a crédito, asistencia técnica y titularidad; mejorar la disponibilidad de servicios de cuidado en zonas rurales; y establecer protocolos efectivos frente al acoso y la discriminación en fincas y bodegas.
También requiere producir información. Los registros económicos y productivos deberían articularse con datos laborales desagregados por sexo, edad, tipo de contratación, categoría ocupacional y territorio. Las estadísticas disponibles no siempre permiten identificar a las mujeres que trabajan en explotaciones familiares o en tareas temporarias. Esa limitación debe reconocerse, pero no puede convertirse en una razón para postergar el problema.
La pregunta pendiente
La vitivinicultura mendocina atraviesa transformaciones profundas: cambios en los mercados, dificultades de rentabilidad, concentración económica, mecanización y nuevas exigencias productivas.
En ese escenario, discutir el futuro del sector exige ampliar la mirada. No alcanza con preguntar cuánto vino se produce, cuánto se exporta o qué precio alcanza la uva. También hay que preguntar quiénes realizan el trabajo, en qué condiciones, con qué reconocimiento y con qué posibilidades de construir un proyecto de vida autónomo.
Las mujeres no son un componente accesorio de la economía vitivinícola. Participan de su producción, de su organización y de su continuidad. Sin embargo, su presencia no siempre se refleja en los puestos de mayor jerarquía, en la propiedad de los recursos ni en el reconocimiento económico de las tareas que realizan. La coyuntura actual ofrece una oportunidad para hacer visible esa desigualdad y discutir qué políticas y prácticas empresariales pueden transformarla.
Una economía regional no puede considerarse verdaderamente sostenible si su funcionamiento descansa sobre trabajo invisibilizado, oportunidades desiguales y responsabilidades de cuidado distribuidas de manera inequitativa. Reconocer el aporte de las mujeres no es solamente una cuestión de justicia: es una condición para comprender mejor la realidad productiva de Mendoza y para construir un desarrollo territorial más inclusivo.